Afiliado destacado: Enrique Seira conversa sobre cómo encontrar formas de mejorar el acceso a la justicia en México
Traducido por: Gaby Bustamante y María Paz Monge
Enrique Seira es profesor de economía en la Universidad Estatal de Michigan y fundador de Qué Funciona para el Desarrollo. Utiliza su investigación sobre los tribunales, la democracia, la corrupción y los mercados crediticios para ayudar a orientar el espacio político en México hacia un uso más riguroso de la evidencia.
Enrique ha estado fascinado con los desafíos del desarrollo y la inclusión desde una temprana edad. Creció en el pequeño pueblo de Chihuahua, en México, cerca de la frontera con Texas. Cruzar la frontera El Paso significó visitar otro mundo, con carreteras interconectadas, límites de velocidad y señales de tránsito que sus padres cumplieron concienzudamente.
Enrique siempre fue intelectualmente curioso, y cuando escuchó sobre ITAM, una pequeña universidad en la Ciudad de México, y su renombrado programa de economía, se propuso estudiar allí. Aunque su consejero de la escuela secundaria se mostró escéptico sobre sus posibilidades, Enrique fue aceptado y completó con éxito su licenciatura.
ITAM fue intelectualmente desafiante, pero también tenía algo más: era un centro influyente para las ideas de políticas públicas. Llevar a cabo políticas públicas rigurosas se convirtió en el objetivo de Enrique. Asimismo, la investigación de alta calidad de ITAM y su integración en círculos relacionados a la política pública lo convirtieron en un lugar ideal para comenzar una carrera de investigación orientada a ella.
Después de su doctorado en Stanford, Enrique trabajó en la Corporación de Finanzas Internacionales del Banco Mundial y en la Secretaría de Hacienda de México. “A quienes son economistas, les recomiendo trabajar en el gobierno y la formulación de políticas públicas”, señala Enrique. "No hay mejor manera de comprender las complejidades de hacer política pública, las frustraciones que surgen al enfrentar intereses arraigados... así es como entendí que la formulación de buenas políticas públicas es una batalla constante y de largo plazo".
La experiencia de Enrique en la Secretaría de Hacienda de México, al principio de su carrera, fue formativa para dar forma a sus intereses de investigación. Trabajar en los esfuerzos de protección al consumidor en los mercados de crédito y programas como Oportunidades-Prospera (un programa de transferencias monetarias condicionadas para hogares de bajos ingresos) ayudó a lanzar su agenda de investigación. El tiempo de Enrique en el gobierno también subrayó la importancia de la evidencia por sobre la ideología para tomar decisiones de política pública efectivas. Enrique fue testigo de cómo burócratas se oponían a las evaluaciones de impacto de los programas gubernamentales por temor a que el resultado de una evaluación pudiera costarles su trabajo, y vio a políticos revertir una solución prometedora debido a sus intereses personales. A través de esta experiencia, llegó a comprender que “el desarrollo muchas veces no es un problema técnico, sino político… Durante este tiempo también quedó claro que lo que realmente me gustaba eran las ideas y la evidencia, el rigor y el tiempo para pensar los problemas, y el poder de permanencia de las posibles soluciones”, destacó.
Armado con esta experiencia en el sector público, en su papel actual como investigador académico, Enrique (junto con sus coautores Joyce Sadka y Christopher Woodruff) ha tenido éxito midiendo problemas en los tribunales mexicanos y en ayudar a alinear la ley laboral mexicana con los hallazgos de una investigación rigurosa.
Enrique recibió fondos de la Iniciativa de Gobernanza de J-PAL para trabajar con el Tribunal Laboral de la Ciudad de México para identificar soluciones a las bajas tasas de resolución de casos y los rezagos que causaron grandes retrasos para quienes buscaban acceder a la justicia. Él y su equipo estudiaron el impacto de dos enfoques: brindar información a quienes demandaban sobre la probabilidad de resultados exitosos de los casos y proveer servicios de mediación para aumentar las tasas de acuerdos fuera de la sala del tribunal. Ambos enfoques casi duplicaron la tasa de acuerdo inmediato cuando la persona demandante estaba allí para recibir personalmente la información. Usando estos conocimientos, el gobierno mexicano aprobó una reforma de la ley laboral que requiere que las y los trabajadores tengan una reunión de mediación en persona antes de presentar un caso de indemnización y que se les brinde información estadística a las partes sobre la probabilidad de un acuerdo exitoso antes de demandar.
Enrique enfatizó la importancia de construir relaciones para el éxito de esta evaluación, citando las reuniones periódicas de su coautora Joyce Sadka con el Tribunal Laboral de la Ciudad de México y la Secretaría de Trabajo y su participación en la redacción de la reforma misma. Enrique y su equipo ahora se basan en esta evaluación para crear una Oficina de Abogados que ayude a las personas a encontrar abogados en función de sus calificaciones. De esta manera, Enrique reflexiona: “se puede lograr la incidencia en política pública. Requiere no solo evidencia, sino también un contacto directo e intenso con quienes formulan políticas”. El apoyo financiero de la Iniciativa de Gobernanza desempeñó un papel importante en el despegue de esta y otras investigaciones de Enrique. “J-PAL fue transformador al ayudarme a poner en marcha mi carrera”, sintetiza.
La dedicación de Enrique a la política pública basada en evidencia lo llevó a fundar y dirigir Qué Funciona para el Desarollo (QFD), una organización sin fines de lucro que brinda servicios de bajo costo para ayudar a investigadores a realizar investigaciones relevantes para las políticas en México. Él señala que “Los países de medianos ingresos a menudo se encuentran en un dilema cuando se trata de recibir fondos para la investigación para el desarrollo”. Si bien con frecuencia carecen de los recursos para financiar la investigación, pueden tener dificultades para atraer fondos de donantes que pueden estar más enfocados en contextos de bajos ingresos. QFD ha ayudado a investigadores de varias universidades a realizar trabajos de campo en México, desde estudios sobre resultados de salud maternoinfantil hasta acceso financiero.
Al reflexionar sobre su trayectoria profesional, Enrique atribuye su éxito como investigador a tener una profunda pasión por los temas en los que trabaja, buenas relaciones con sus co-autores y asesores, y perseverancia: “Ser resiliente y buscar aportes de mentores ayudará a que su proyecto llegue a la meta”, finaliza.
Enrique ha sido afiliado de J-PAL desde 2010. Para obtener más información sobre J-PAL y leer sobre su investigación, visite https://www.povertyactionlab.org/person/seira.
DE LA INVESTIGACIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA: MEJORANDO LOS ACCESOS DE LOS TRIBUNALES EN MÉXICO
Desafío: En México, los tribunales laborales tienen un gran retraso de casos que conduce a decisiones lentas de casos para trabajadores despedidos que buscan indemnización por despido y bajo acceso a la justicia. Las y los trabajadores pueden estar mal informados y tener demasiada confianza en ganar su caso, lo que genera bajas tasas de liquidación y los convierte en presa fácil de abogados de baja calidad con incentivos desalineados.
Investigación: Enrique y sus coautores evaluaron el impacto de proporcionar información sobre los resultados previstos de los casos en las tasas de liquidación. El equipo trabajó en estrecha colaboración con el Tribunal Laboral de la Ciudad de México (MCLC) en 2016 para asignar aleatoriamente a ciertos acusados para recibir información personalizada sobre los resultados previstos de su caso o permanecer en el negocio como de costumbre.
Resultados: La información disminuyó el exceso de confianza y casi duplicó la tasa de acuerdos inmediatos, cambiando los casos que perderían en el juicio a acuerdos. Las y los trabajadores obtuvieron pagos más altos en promedio y los obtuvieron más rápido.
Escalamiento: Informado por la investigación, el Gobierno de México aprobó una reforma a la ley laboral que requiere que las y los trabajadores se reúnan en persona con un conciliador o conciliadora antes de presentar un caso de indemnización y proporcionar información estadística. La coautora de Enrique, Joyce Sadka, asesora a Estados sobre la implementación de esta ley laboral. Su utilización de la programación de TI para esta reforma permitirá la ampliación en todo México. Los siguientes pasos son crear una oficina de abogados basada en la web, seguimiento de casos y sistemas de demandas en línea.