Transferencias Condicionadas de Efectivo en Honduras
- Children
- Students
- Enrollment and attendance
- Cash transfers
- Conditional cash transfers
Problema de política pública
Durante la década pasada, muchos países en desarrollo, motivados por iniciativas tales como las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que hacían un llamado a lograr una educación primaria universal hacia el año 2015, ampliaron el acceso a la escuela primaria. Muchos países como Honduras lograron tasas de matriculación escolar primaria muy altas. Sin embargo, la asistencia escolar del día a día seguía siendo un desafío debido a que las familias puedan enfrentar costos de oportunidad al enviar a sus niños a la escuela. Se piensa que tanto los temas de matrícula como los de asistencia deben ser más pronunciados entre las niñas, las familias de bajos ingresos y los niños mayores, porque las familias pueden estar deseando invertir menos en sus hijas que en sus hijos debido a ingresos futuros, las familias de bajos ingresos tienen más restricciones inmediatas de efectivo y los niños mayores tienen el potencial de ganar más. Los programas de transferencias condicionadas de efectivo han probado ser efectivos en mejorar los resultados de educación en algunos lugares (por ejemplo, PROGRESA/ Oportunidades en México) pero, poco se sabe sobre su impacto en estos segmentos específicos de la población.
Contexto de la evaluación
Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica y sufre tanto de una distribución de ingreso extremadamente desigual, así como también de una tasa alta de subempleo. Este programa apuntaba a 70 de las municipalidades más pobres en Honduras. Para aquellas municipalidades en el grupo de tratamiento, las transferencias de efectivo estaban disponibles para niños de edad 6-12, que no habían completado todavía el cuarto grado. Aunque la tasa de matrícula de escuela primaria en Honduras es sobre el 90 por ciento, de los niños que fueron elegibles para este programa, sólo un promedio del 65 por ciento estaba asistiendo a la escuela. Adicionalmente, el 10 por ciento de los niños elegibles estaban trabajando fuera del hogar y el 14 por ciento trabajaban dentro del hogar.
El Programa de Asignación Familiar (PRAF) se inició a principios de 1990 para distribuir subsidios en efectivo a familias con niños en la primera etapa de escuela primaria como así también a las madres embarazadas. Los subsidios estaban condicionados en base a una asistencia regular a la escuela y en visitas a los centros de salud. El programa fue re-lanzado como PRAF-II a finales de los años noventa con el fin de abordar algunas de las debilidades del programa existente. PRAF-II se caracterizó por una fiscalización más estricta de las condicionalidades de la distribución del subsidio, inversiones directas en escuelas y centros de salud para complementar la distribución de efectivo a las familias, mecanismos mejorados de abordar la pobreza y una evaluación incorporada en el desarrollo del programa.
Detalles de la intervención
Bajo el PRAF-II, las familias elegibles podían recibir dos clases de transferencias de efectivo líquido. Una transferencia para educación de 812 Lempiras/año (cerca de US$50) estaba disponible para las familias con niños de 6 a 12 años, quienes estuvieran matriculados y que asistieran regularmente a los grados de 1-4. Una transferencia para la salud de 644 Lempiras/año (cerca de US$40) estaba disponible para familias con niños menores de 3 años y madres encintas que asistieran regularmente a los centros de salud. En la práctica, la matrícula escolar (pero no la asistencia) fue impuesta como una condición de los pagos, mientras que no se suspendió ningún beneficio de salud por falta de asistencia a los centros de salud.
PRAF-II también planificaba dar las transferencias en efectivo líquido a las escuelas y centros de salud de US$4.000 y US$6.000 respectivamente. Sin embargo, la distribución de estos fondos fue extremadamente limitada en la práctica, la mayor parte debido a los obstáculos legales en formar grupos comunitarios autorizados para administrar fondos.Para acceder al programa, las municipalidades fueron clasificadas basadas en el promedio alto de puntajes por edad de los primeros años, y las 70 municipalidades más bajas fueron seleccionadas por inclusión. Las municipalidades fueron entonces asignadas aleatoriamente en cuatro grupos:
- Grupo 1: las familias recibían transferencias para la salud y educación
- Grupo 2: las familias recibían transferencias para la salud y educación; escuelas y centros de salud recibían transferencias
- Grupo 3: sólo las escuelas y los centros de salud recibían transferencias
- Grupo 4: sirvió como comparación
Resultados y lecciones de la política pública
Para todos los niños elegibles para recibir la transferencia a la educación, la matrícula escolar aumentó en un 12 por ciento y redujo el trabajo infantil en un 30 por ciento y el trabajo dentro del hogar en un 29 por ciento.
Género: El programa tuvo diferentes impactos en los patrones laborales de niños y niñas. Los niños que habían recibido la transferencia trabajaron menos fuera del hogar, mientras que las niñas que habían recibido la transferencia trabajaron menos dentro del hogar.Familias de los más bajos ingresos: Los impactos del programa fueron los más altos entre las familias de ingresos más bajos. La altura del niño por edad se usó como agente de pobreza para determinar qué municipalidades podrían ser elegibles para el programa CCT. Esta misma representación fue usada para determinar los hogares más pobres dentro de las municipalidades. Entre el cuarenta por ciento más bajo de los hogares, la matrícula aumentó del 16 al 32 por ciento, el trabajo infantil disminuyó del 50 al 55 por ciento, y el trabajo dentro del hogar disminuyó del 38 al 46 por ciento.
El programa logró estos resultados a pesar de transferir relativamente pequeñas sumas de dinero. Las transferencias del PRAF-II totalizaron sólo un 9 por ciento de los gastos per cápita de los hogares comparado a otros programas de transferencia de efectivo líquido, como la Red de Protección Social de Nicaragua que contabilizó el 27 por ciento de los gastos de hogar.